Azahálea Solís Román
Hace unos meses nos sacudió la noticia del golpe de estado contra el presidente de la república de Honduras por parte del ejército de ese país. Sin ninguna vacilación categóricamente dijimos que no valían relativismos morales y denfunciamos tal acción como un atropello al pueblo hondureño y la institucionalidad de ese hermano país.
Ayer por la tarde en Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia, por medio de 6 personas que fueron nombradas como magistrados de es poder del estado, pero que en realidad son militantes de un partido político, declararon la inaplicabilidad de un norma constitucional porque se opone a otra norma constitucional, es decir declararon inconstitucional la Constitución.
El motivo, el Presidente de la República que ya fue presidente en un período anterior de 1984 a 1990, está impedido de volver a ser presidente, porque la Constitución prohibe la reelección continua, así como la reelección por más de dos períodos. Esta norma lógicamente choca con la voluntad continuista de Ortega y de su objetivo de instaurar una dictadura familiar.
La decisión de ayer, de los magistrados es doblemente grave: lesiona la legitimidad democrática y "legaliza" la reelección que ha sido tan dañina en la historia del país.
Tener la opción de decidir quienes gobiernan nos ha costado muchísimo dolor, sufrimiento y vidas a la ciudadanía nicaraguense, mujeres y hombres de todo el espectro político e ideológico, de todas las clases sociales, de todos los sectores del país, a lo largo de décadas dieron lo mejor de sí, ante pusieron sus proyectos personales y pusieron en riesgo su propia vida, por tener derecho a decidir, por la libertad y por la justicia social.
Desde que Ortega asumió el poder nuevamente, ha intentado reformar la Constitución para derogar las normas constitucionales que le impide la reelección, pero no ha podido lograr reunir los 56 votos que se
necesitan para realizar una reforma parcial a la constitución y este año, estaba visto que terminaría sin que pudiera lograr su propósito.
Así que con el ejército que posee, sus militantes incrustados y dominando en todos los poderes del estado, se inventó esa atrocidad, que la mayoría del pueblo rechaza.
La reelección Ortega la quiere para entronizarse en el poder, el pueblo de Nicaragua ya sabe lo que eso significa, tuvimos una dictadura de 50 años que enlutó al país.
Alega que tiene derecho a optar a seguir gobernando el país, que impedírselo es violentar el principio de igualdad y en el colmo del descaro, espeta que cuál es el miedo, que es el pueblo con su voto quien decide.
Y lo dicen sin ningún rubor, cuando hace menos de un año realizaron el fraude electoral más documentado en la historia de Nicaragua, en la que se robaron la voluntad popular, en 40 de 146 alcaldías. Precisamente en los municipios más poblados del país, incluida Managua, la capital, que representa el 30% del electorado nacional.
De manera, que lo realizado ayer es de mayúsculas consecuencia. Quienes deben velar por el orden constitucional, de manera cínica y descarada hicieron trizas el marco jurídico, abriendo las puertas no a la reelección, sino a la dictadura. Es decir, abrieron la puerta a la muerte de la legitimidad, del estado de derecho y por esa deriva, de la vida.
Si se rompe el marco constitucional que nos rige a todos, el único camino que nos queda es el desconocimiento de esta instituciones ilegales e inmorales. Eso nada más es legítima defensa.
20 de octubre de 2009
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua(MAM)
Residencial Los Robles Casa No. 55
Hotel Colón 1 1/2 cuadra al Este(arriba) - Managua, Nicaragua
Tel: (505) - 22772436
http://www.movimientoautonomodemujeres.org/
martes, 3 de noviembre de 2009
miércoles, 27 de mayo de 2009
ONU advierte a Nicaragua que penalizar todo tipo de aborto es tortura
Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.
Por José Adán Silva
El Comité, reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.
El 14 de mayo el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por la prohibición general del aborto", contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008. El gobierno del sandinista Daniel Ortega no reaccionó hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.
Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. En estos casos antes era legal la interrupción del embarazo.
Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.
El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa "una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas" y supone "un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión".
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.
Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.
El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género. "El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", dictó en su informe.
En concreto propuso al país estudiar "la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto", y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.
La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.
El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es "una condena internacional contra Nicaragua". "El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica", señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.
Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y "una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres".
El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico "contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura". Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
Por José Adán Silva
El Comité, reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.
El 14 de mayo el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por la prohibición general del aborto", contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008. El gobierno del sandinista Daniel Ortega no reaccionó hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.
Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. En estos casos antes era legal la interrupción del embarazo.
Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.
El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa "una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas" y supone "un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión".
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.
Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.
El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género. "El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", dictó en su informe.
En concreto propuso al país estudiar "la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto", y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.
La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.
El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es "una condena internacional contra Nicaragua". "El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica", señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.
Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y "una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres".
El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico "contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura". Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
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