viernes, 19 de septiembre de 2008

Nueve mujeres acusadas se personaron a Fiscalía

Reciben amplia solidaridad de sociedad civil

Eloísa Ibarra y Rafael Lara

Las nueve mujeres pertenecientes a la Red de Mujeres contra la Violencia, acusadas por diversos delitos por el aborto terapéutico realizado en el sonado caso de “Rosita”, se presentaron al Distrito VI de Ministerio Público y solicitaron que les informen de todos actos de investigación en su contra, y que se les facilite una copia de la denuncia.

La fiscal Mirna Siles, encargada de la investigación, indicó que acuerdo a la Constitución Política y el Código Procesal Penal (CPP) están en su derecho de guardar silencio, tanto en la Policía Nacional como ante el Ministerio Público.

La ley no manda al Ministerio Público a dar copia de la denuncia, pero sí a informar de qué se trata la denuncia, lo cual se hace al momento de la entrevista.

Fiscal niega señalamientos
La fiscal negó los comentarios de las imputadas de que el proceso tiene un trasfondo político, como revancha por el acompañamiento que la Red de Mujeres dio al caso de Zoilamérica Narváez, en 2001, tal como expresó ayer Juana Jiménez, una de las acusadas.

La Fiscalía declinó comentar acerca del valor que tendrán las dos resoluciones emitidas por el Ministerio Público: en 2003, cuando determinaron que no hubo ningún delito al practicar el aborto terapéutico a “Rosita”, y este año, cuando eximieron de responsabilidad a la madre de la menor.

Ayer, Juana Jiménez y Jamileth Mejía cumplieron con la cita indagatoria del proceso. Hoy deberán comparecer Ana María Pizarro, Violeta Delgado y Mayra Sirias. El lunes continúa la lista con Lorna Norori.

Se espera que durante el resto de la semana serán citadas Luisa Molina, Martha María Blandón y Martha Murguía

Respaldan a denunciadas
Las imputadas fueron acompañadas por Marlyn Sierra, Subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien señaló que estarán al lado de las acusadas durante todo el proceso, para observar que se les garantice el debido proceso y se les respeten sus derechos humanos.

Por su parte, el Movimiento contra el Abuso Sexual, que aglutina a 26 organizaciones que trabajan contra la violencia de género, se solidarizó con las mujeres investigadas.

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