Allanó un desconocido que dijo ser fiscal
El Nuevo Diario - Managua, Nicaragua - 11 de octubre de 2008
* Todavía en la noche cargaban con cosas cuyo destino nadie conoce. Mucho menos qué delito persiguen, y el impostor que allanó, se justificó diciendo que el Ministerio Público es de “ámbito nacional”. (Ary Pantoja)
La orden judicial de allanamiento se ejecutó después de las 6:00 de la tarde y fue encabezada por el fiscal José Abraham Rojas, pese a que su nombre no figuraba en el documento que presentó al momento de llegar a la sede del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
La intención fue clara: Llevarse consigo y bajo custodia policial, tres Unidades Centrales de Procesamiento (CPU por sus siglas en inglés), de las computadoras en las que el organismo feminista almacena toda la información financiera y laboral.
Azalia Solís, representante del MAM, cuestionó el registro, alegando que se realizó después de horas hábiles, y que el nombre del fiscal ejecutor no coincide con el que aparece en la orden judicial.
Hasta las 8:00 de la noche de ayer, el fiscal, custodiado por agentes policiales, revisaba la información de tres computadoras para definir los CPU que se llevarían a las oficinas del Ministerio Público, pese a que en la orden judicial no se establece el delito por el cual se acusa a los representantes del MAM.
“Nos piden libros contables de la actividad económica que realizamos y yo le he dicho al fiscal que nosotros no realizamos ninguna actividad económica y no llevamos ningún libro de esos”, expresó Solís.
Charlatanería jurídica
El fiscal Rojas se limitó a ejecutar la orden de registro y a llevarse las unidades de almacenamiento informático, y a declarar al Ministerio Público una especie de Dios omnipresente para justificar en su perorata seudo legal, el llegar a allanar con la orden dada a otro fiscal.
Según la orden de requisa, el MAM debía entregar al fiscal los “libros de contabilidad Diario, Mayor y Actas; comprobantes de diario y comprobantes de egresos con sus respectivos soportes; estados financieros y anexos, planillas de salarios y contrato de servicios profesionales; estados de cuenta del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS; estado de cuentas y conciliaciones bancarias, recibos de caja y los convenios que han suscrito que sean fuentes de financiamiento del período comprendido entre enero de 2003 a septiembre de 2008”
En ninguna parte del documento se establece el delito por el cual se investiga al organismo y que dio origen a la orden judicial de registro; no obstante, la ordenanza alude a una “investigación penal por presuntas actividades ilícitas”, sin brindar más detalles.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario