- Nicaragua, octubre 2007: Denuncia ante la Fiscalía General de laRepública
Esta es una ONG que fue creada a fines de la guerra de agresión a Nicaragua por el gobierno de Ronald Reagan, cuyo objetivo era velar por los derechos humanos de los contrarrevolucionarios presos por el gobierno sandinista y procurar mejorar la imagen de los mismos, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Esta ONG había dejado de existir desde comienzos de los años '90, pero fue reactivada en el 2007, a inicios del nuevo gobierno. La misma tiene sede en el departamento de Estelí y su presidente es el Obispo Abelardo Matta, Secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
La parte fundamental de esta acusación se basa en el juicio ya cerrado por la propia Fiscalía en marzo del año 2003; que dictaminó que NO HUBO DELITO cuando se practicó el aborto terapéutico de la niña Rosita, -violada y embarazada en Costa Rica a los 9 años de edad-, dado que se actuó de acuerdo al Art. 165 del Código Penal, vigente en ese momento. El Fiscal General de la Republica manifestó que el caso se cerraba dado que se había actuado conforme a la ley.
A mediados del 2007 se conoció que la niña había sido violada nuevamente y tenia un niño nacido en el 2005, producto de la relación incestuosa a la que la obligó su padrastro, actualmente condenado a 30 años de prisión. Las autoridades consideran que como denunciada había conocido de tal abuso y no lo había denunciado, cuestión que es totalmente falsa y ofensiva para quien
ha dedicado su vida a la defensa de las mujeres, niñas y adolescentes.
La Fiscalía General de la Republica ha abierto un Expediente Fiscal y realiza una investigación en nuestra contra desde hace un año, radicada en el Distrito VI, a cargo de la Fiscal Especial Mirna Siles, por los supuestos delitos de:
- Asociación ilícita para delinquir
- Apología del aborto
- Delito contra la administración de Justicia
- Encubrimiento del delito de violación
En declaraciones en los Medios de comunicación, el Obispo Abelardo Matta asumió la autoría de la denuncia contra 9 líderes de la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento de Mujeres, y que según el obispo, pretende hacer "justicia para Rosita", aunque ni la niña ni su madre, que tiene la patria potestad, nos han acusado.
En enero 2008, las denunciadas nos manifestamos públicamente de la siguiente manera: Si la denuncia fuera para hacer justicia ante un hecho de abuso sexual contra una niña hoy adolescente, no tendría razón de ser contra sus defensoras, por ello, habría que preguntarle al obispo Matta porqué no actúa con tal beligerancia contra aquellos casos que son públicamente conocidos en Estelí, donde se ha denunciado a curas de su arquidiócesis, que en vez denunciarlos ante las autoridades, los traslada de parroquia, convirtiéndose -por acción-, en cómplice de abominables crímenes.
Si la denuncia nada tiene que ver con el gobierno, ¿cómo explica el obispo Matta que en la primera denuncia -página 23, último párrafo-, el Director Ejecutivo de la ANPDH Roberto Petray haya trascrito parte de un documento elaborado por el Ministerio de la Familia, que dice: "El día jueves nueve de Agosto del 2007, a eso de la tres de la tarde me presenté a las oficinas de la denominada Red de Mujeres Contra la Violencia, ......"?.
Resulta claro que quien elabora la denuncia asume la narración de los hechos que conoce en primera persona; por ello resulta evidente que no fue elaborada en las oficinas de la ANPDH, sino en un Ministerio del gobierno actual. Este error que pretendieron subsanar en la segunda denuncia, evidencia con meridiana claridad quienes son los autores "intelectuales" de la misma.
Si la denuncia no es política, ¿cómo explicar que el Ministerio Público, representante de las victimas de los delitos, -que tiene un déficit real para brindar cobertura, según afirman sus más altos representantes-, haya dado trámite expedito a la misma?.
Evidentemente no han tomado en cuenta que la misma institución, en coordinación con un centro perteneciente a la Red de Mujeres Contra la Violencia y contando con la eficaz actuación de la Policía Nacional, haya logrado vencer todas las anomalías presentadas en el juicio contra Francisco Fletes?
El Ministerio Público, tiene en sus archivos todas las diligencias de investigación realizadas en el 2003 en relación con el aborto terapéutico practicado a la niña Rosita, realizado en base a la resolución del Ministerio de Salud, y al Art. 165 del Código Penal vigente, que dejaba a los padres la decisión sobre el procedimiento. El Ministerio Público fundamentó la legalidad y legitimidad del mismo y así lo manifestó en la resolución emitida al respecto, mediante la cual declaró cerrado el caso.
En julio del 2007, integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia, desde el mismo momento en que recibieron el llamado de la madre de la niña, acompañaron a ambas víctimas a presentar la denuncia ante las autoridades policiales, contribuyeron para lograr la detención del delincuente, brindando todo su apoyo a la Comisaría de la Mujer y la Niñez de Masaya.
Esta situación es de pleno conocimiento del Ministerio Público, que a través de su Dirección Especializada de los delitos derivados de la Violencia de Género, dirigió las diligencias de investigación y obtuvo las pruebas materiales que sustentaron la acusación contra el violador de Rosita, gracias a la implementación del Modelo de Atención a sobrevivientes, que en coordinación con el Centro Acción Ya, -integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia-, le permitió esclarecer los hechos. La denuncia que la Red acompañó demuestra el interés por esclarecer el abuso sexual desde el primer momento en que ocurrió y demostrar en el juicio que el único
responsable fue Francisco Fletes, hoy condenado a 30 años de prisión.
Si la propia niña y su madre denunciaron al agresor a mediados el año 2007, no existe un fundamento real para sostener que la Red de Mujeres contra la Violencia tenia conocimiento de la ocurrencia de este delito, y mucho menos para hacer una denuncia por encubrimiento, lo cual es totalmente falso y resulta -obviamente-, imposible de demostrar.
El Ministerio Público, mediante sus representantes ha señalado que en la investigación de la denuncia contra las lideres del Movimiento de Mujeres actuarán apegados a la ley y la Constitución Política, por ello resulta contradictorio que hasta la fecha no haya rechazado o declarado sin mérito la denuncia, cuando:
a) Se señalan hechos que fueron investigados y declarados -mediante resoluciones oficiales-, que fueron legales y legítimas en su oportunidad.
b) No puede considerarse hechos delictivos los relatados incluidos en la denuncia, cuando a la simple lectura de los mismos es evidente la saña, mala intención, tergiversación y limitada tolerancia que el supuesto denunciante tiene hacia las mujeres, sin tomar en cuenta que el marco
jurídico internacional y nacional ha evolucionado y que las mujeres tenemos derechos humanos, políticos, civiles, sociales y culturales reconocidos.
c) Todas las acciones que públicamente las organizaciones de mujeres han realizado se sustentan en el marco del ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 49, 52, 53 y 54 de la Constitución Política, y nunca pueden ser consideradas producto de alguna
"asociación ilícita para delinquir", tal como lo expresa al denuncia.
d) Todas las marchas, plantones, concentraciones, protestas públicas en defensa de la vida de las mujeres ante el atropello causado por la eliminación del Aborto Terapéutico, resultado del pacto entre caudillos, son legítimas y ha sido desarrolladas en el marco de la legislación nacional.
Cuando ha sido requerido, la Policía Nacional ha autorizado las mismas, las han custodiado y brindado la seguridad necesaria, en cumplimiento de sus funciones.
e) Ninguna de las mujeres denunciadas son delincuentes, tienen una conducta honorable ante la sociedad, nunca han cometidos actos contra la ley o las autoridades, ni han dilapidado el erario público; por el contrario, su labor ha sido aportar a la sociedad sus conocimientos, análisis, metodologías, instrumentos teóricos para la sensibilización de género, han capacitado a miles de funcionarias/os del Estado, han desarrollado campañas para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y acciones educativas para personas de todas las edades en todo el territorio nacional. Han contribuido decisivamente a prevenir los daños y a preservar
la vida de toda la población, con preocupación especial por las niñas, adolescentes y mujeres adultas; en fin, siguen luchando por una sociedad más equitativa, por defender la institucionalidad democrática; denunciar todo tipo de autoritarismo y abuso de poder, tanto en el ámbito privado como público.
Por todo lo antes señalado, por el respeto, la credibilidad e institucionalidad del Ministerio Publico, exigimos:
1. Hacer todos los esfuerzos por preservar su autonomía, lejos de cualquier tipo de presiones o juegos partidarios de los caudillos, que han debilitado gravemente todas las instituciones del Estado, las que progresivamente han perdido credibilidad ante la ciudadanía.
2. Emitir a lo inmediato la resolución desistiendo de la acusación y de conformidad al articulo 224 del Código Procesal Penal, desestimar la denuncia interpuesta por José Petray en su calidad de Director Ejecutivo de la ANPD por ser la misma absurda, manifiestamente falsa y carente de mérito alguno.
Según el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, esta es "Otra situación que evidencia cómo el sistema de administración de justicia es instrumentalizado, es la investigación iniciada en Octubre del 2007 por el Ministerio Público en contra nueve defensoras pertenecientes a organizaciones que históricamente se han destacado por promover y defender
los derechos humanos de las mujeres, niñez y adolescentes."[2]
Dicha investigación ha sido asumida directamente por la Fiscal Adjunta Ana Julia Guido, dándole tramitación especial y urgente, sin considerar que los hechos denunciados no constituyen delitos en tanto que las acciones que realizan las defensoras de derechos humanos están enmarcadas en el ejercicio de los derechos constitucionales, tales como la libertad de asociación, libertad de expresión y manifestarse públicamente ante hechos considerados violatorios de los derechos fundamentales.
Tal acción beligerante contra las defensoras resulta coincidente con las intencionalidades del gobierno actual, quien a través del Ministerio de Familia ha orientado la exclusión de las organizaciones de mujeres en los espacios de coordinación interinstitucional y particularmente el escrito de la denuncia contiene extractos de documentos que han sido elaborados en dicho Ministerio, lo que evidencia que el gobierno actual es el autor intelectual de la denuncia.
Esta investigación contra las defensoras, la calificamos como una acción de hostigamiento y persecución política del gobierno dado que las mismas han acompañado a miles de mujeres que han sido víctimas de violencia, incluyendo casos emblemáticos, donde han sido denunciados personajes con mucho poder en los partidos políticos.
Contradictoriamente, el Ministerio Público no actúa con la misma beligerancia ante las miles de denuncias que a diario interponen las víctimas de violencia quienes acuden en busca de justicia; las tramitaciones son retardadas y en la mayoría, las denuncias son archivadas, provocando el
incremento de la impunidad y el subsecuente efecto de ocasionar mayores riesgos e inseguridad para las victimas.
A pesar de la repercusión nacional e internacional de esta denuncia, el gobierno de Nicaragua no ha desistido de la misma, la que permanece en investigación y según la Fiscal Adjunta Ana Julia Guido "puede investigarnos durante el tiempo que sea necesario, inclusive por diez años", lo que es una manifiesta violación a nuestros derechos humanos.
Es importante mencionar que la administración de Justicia se encuentra totalmente artidarizada, haciendo imposible que la justicia actúe con independencia de los dictados de los caudillos políticos y en este caso del actual gobierno. Ninguna denuncia de personas naturales o de organizaciones ha sido tomada en cuenta, la impunidad prevalece en todos los niveles,
especialmente ante la violación de los derechos de las mujeres, alejando a la ciudadanía del ejercicio de sus derechos, los que son conculcados cotidianamente por las autoridades de todos los poderes del Estado.
La situación de Agosto, setiembre, octubre 2008
La situación ha continuado agravándose, en tanto, desde los órganos oficiales de comunicación del actual gobierno, Radio Ya, El Canal 4 y el Semanario El 19 [3], nuevamente se abre otra denuncia en mi contra y de otras dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres y de la Campaña 28 de
Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe.
Esta vez además mencionan al centro SI Mujer a raíz de haber sido parte de un convenio de colaboración entre la ONG internacional Forum Syd de Suecia que administra el Fondo para la Equidad y el Desarrollo, FED, donde los gobiernos de Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Noruega, canalizan la cooperación al desarrollo para la sociedad civil y los movimientos sociales.
El gobierno a través de sus voceros, considera que esos fondos son producto de "lavado de inero", que son parte de una enorme red de corrupción de las ONG's, son fondos "para la muerte", y que las acciones de los movimientos sociales están desestabilizando al gobierno, lo que constituye un asunto de "seguridad nacional", por lo que serán llamadas ante la Fiscalía General de la República.
Numerosas mujeres dirigentes de ONG's y movimientos sociales hemos han sido amenazadas, las organizaciones en que trabajamos han sido multadas por varias instituciones del Estado, inclusive han intervenido en ONG's internacionales exigiendo la entrega de documentación de manera totalmente ilegal, abusando del poder.
Líderes de los movimientos de mujeres hemos sido señaladas en los medios de comunicación del gobierno, recibimos toda clase de insultos y argumentos procurando desprestigiarnos ante la sociedad en general.
En mi caso particular fui confundida con otra persona, mientras mi nombre se publicaba en el canal oficial en una transmisión en vivo, afirmado que yo estaba participando de una marcha en la ciudad de León el pasado 26 de setiembre, la que fue reprimida violentamente por militantes encapuchados afines al partido de gobierno[4]. En la misma mencionaron que al ser
nacionalizada no tenía derecho a participar en política y que mi nacionalización sería revisada, amenazando con sacarme del país. En ese mismo momento me encontrada brindado una conferencia ante mas de 60 personas en la ciudad de Managua. Esto constituye otra forma de persecución política y de amenazas contra mi integridad y la institución de la que formo parte,
que no ha cesado.
En la edición No. 5 del Semanario El 19 nuevamente, publicado el 25 de setiembre pasado, mencionan mi nombre haciendo afirmaciones totalmente ajenas a la realidad y lanzando graves acusaciones en mi contra.
El viernes 3 de octubre pasado a la 13,30 de la tarde recibí una amenaza telefónica en donde una voz masculina afirmaba que iría a retirar a mi hijo Pedro del Colegio, lo que constituye la más grave amenaza que he recibido en los últimos meses, dado que pretenden atentar contra la integridad de un niño de 13 años.
Mi hijo se llama Pedro Javier Pizarro Jiménez, nació en Managua el 16 de diciembre de 1994, lo adopté legalmente el 31 de octubre de 1996, tiene pasaporte nicaragüense número C1344820; al ser hijo de una argentina nacido en el exterior tiene la nacionalidad argentina, su pasaporte argentino es el número 15075536C.
Vive también en Nicaragua mi hermana Norma Alicia Pizarro, de 63 años, de profesión pintora y diseñadora, que trabaja en el Centro SI Mujer desde 1994, su DNI y pasaporte argentino tienen el número 5152397F, la misma actualmente se encuentra sumamente delicada de salud por diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y vértigo, que sumado al stress de los últimos meses han puesto en grave riesgo su vida. Ella tiene la Cédula de Residente otorgada por le gobierno de Nicaragua número 0103772.
El día de 6 de octubre 2008 he recibido una nueva citatoria del Ministerio Publico (Fiscalía General de la República) para que me presente el miércoles 8 de octubre a las 10 am, a responder por "perjuicio al Estado de Nicaragua", ante el Fiscal Manuel Reyes, en las Oficinas del Ministerio Público de Kilómetro 4 ½ Carretera a Masaya.
Por todas estas razones recurro ante las autoridades de mi país, planteando con toda claridad mi situación y los temores que se ciernen sobre mi libertad, mi vida y la vida de mis familiares, con la finalidad que conozcan los riesgos que sufren sus connacionales que residen en Nicaragua.
[1] 1.- Ana María Pizarro, integrante de la Coordinación Regional de la Campaña 28 de Septiembre, Consejera Consultiva de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, ntegrante del Movimiento Autónomo de Mujeres.
2.- Luisa Molina Arguello, Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con Niñez y Adolescencia, CODENI.
3.- Martha Munguía, Centro de Mujeres Acción Ya, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
4.- Mayra Sirias, integrante de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia y de la Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres.
5.- Violeta Delgado, ex Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia, integrante de la Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres.
6.- Yamileth Mejía, hasta hace poco Responsable de Formación Política de la Red de Mujeres contra la Violencia, integrante de la Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres
7.- Martha María Blandón, Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos.
8.- Juanita Jiménez, hasta hace poco Responsable de Incidencia de la Red de Mujeres contra la Violencia, integrante de la Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres.
9.- Lorna Norori, sicóloga, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia y del Movimiento Contra el Abuso Sexual.
[2] Profundización del Deterioro Institucional de la Administración de Justicia en Nicaragua, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
Washington, 12 de Marzo 2008.
[3] Ver la página web de la Presidencia de la república: www.presidencia.gob.ni y de la Radio Ya: www.lanuevaya.com.ni
[4] Ver www.elnuevodiario.com.ni del 27 de setiembre 2008, y www.laprensa.com.ni del mismo día.
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