lunes, 12 de enero de 2009

Carlos Fernando Chamorro y Juanita Jiménez: “Nos defenderemos y no nos dejaremos intimidar”


Representantes de Cinco y del MAM señalan que por ningún lado encontrarán delitos. “Fabrican delitos y preparan desde la Secretaría del orteguismo el que seamos juzgados en indefensión”, replican.

ElNuevoDiario.com.ni
Nacionales 10 Enero 2009.
por Rafael Lara


Representantes de organizaciones no gubernamentales acosadas por el gobierno de Daniel Ortega, aseguraron que están listos contra cualquier acusación que arbitrariamente pueda entablarles el Ministerio Público.

“Estamos preparados para cualquier acusación y responder. Si existe esa acusación, estoy seguro de que carece de base legal y se trata de una campaña de intimidación política y no le tememos”, dijo el periodista Carlos Fernando Chamorro, en representación de el Centro de Investigaciones para la Comunicación, Cinco.

Indicó que hasta el momento sólo conoce lo publicado por EL NUEVO DIARIO de que el Ministerio Público ya tiene aprobado un borrador para acusar penalmente tanto a Cinco como al Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.

No confirman ni niegan borrador
Al consultar al Ministerio Público sobre la existencia de ese borrador, el fiscal general Julio Centeno Gómez declinó hacer comentarios, ya que el inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, es el designado para el caso. Mientras tanto, divulgación de la institución dijo que Juárez estaba fuera de las instalaciones, pero le pondrían al tanto de la solicitud de la información.

Según nuestra fuente, el lunes Juárez visitó la Secretaría del Frente Sandinista, donde despacha el mandatario nicaragüense, para presentar el borrador de la acusación, que contempla, en primer lugar, apología del delito por financiamiento de grupos sociales que defienden el aborto terapéutico, actualmente penado por la ley. El segundo delito señalado se refiere a ilícitos denominados “Delitos contra la Seguridad del Estado” y “Delitos contra el Orden Constitucional”.

“Sería gravísimo confirmar que un borrador de resoluciones del Ministerio Público se discuta en la Secretaría del Frente Sandinista. Si eso es así, estaríamos ante la anulación del rol de la Fiscalía”, expresó Chamorro, quien tiene la esperanza de que el fiscal general, Julio Centeno Gómez, reaccione y rescate la credibilidad en su institución, deteriorada por este caso.

Para el periodista, la alusión por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la constitución, señalándolos por traición y conspiración, no es más que una fabricación política, donde el único conspirador es el mismo Estado contra las ONG y los periodistas independientes que critican su desempeño.

Imputaciones descritas son inconsistentes
La abogada penalista y experta en derechos constitucionales, Juanita Jiménez, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, comenta que imputaciones como las descritas son inconsistentes y absurdas. “En el caso de nosotras, como organización de mujeres, y el convenio con Cinco, los proyectos y la cooperación están en el ámbito de garantizar el ejercicio de una ciudadanía plena, activa y demandar derechos constitucionales".

En primer lugar, indicó que a nivel general y mundial, la despenalización del aborto es una lucha del movimiento feminista. En el caso de Nicaragua, el MAM por lo que ha luchado es por la despenalización del aborto terapéutico, ya que consideran que las mujeres no pueden ser condenadas por el hecho de decidir salvar su vida ante un embarazo de alto riesgo. Planteamiento que Naciones Unidas ha asumido y reconocido como un derecho.

“El debate que hemos generado no es más que la reivindicación de ese derecho, ya que en Nicaragua la penalización representó un retroceso total, y nosotras como ciudadanas hemos interpuesto recursos por inconstitucionalidad que hasta la fecha siguen pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no puede haber apología por la lucha de un derecho consignado, como es el de exigir el respeto de la vida de las mujeres cuando las condiciones lo exigen”.

¿Dónde están los delitos?
Así mismo, desestimó las supuestas acusaciones por delitos contra la Seguridad del Estado y delitos contra el Orden Constitucional.

Si tomamos el Código Penal vigente, observamos que en los delitos contra la Seguridad del Estado están los actos de traición y los delitos que comprometen la paz. Éstos tienen que ver con lucha armada, intentar fraccionar el territorio nacional, la provocación para cometer los delitos mencionados, violación de secretos del Estado, el que incite a declaración de guerra contra Nicaragua, espionaje, infidelidad diplomática y violación a contratos de interés militar.

En tanto a los delitos contra el Orden Constitucional, tienen que ver con la rebelión y específicamente contra las personas que se alcen en armas, mientras el motín se relaciona con quienes se alzan públicamente con violencia para impedir el cumplimiento de las leyes. La provocación, proposición y conspiración es específico en tanto al convencimiento de las fuerzas policiales y militares para impedir el cumplimiento de sus funciones.

Indefensión ante instituciones partidizadas
“Estamos claros de que el problema real es la falta de institucionalidad en el país. Existe toda una instrumentalización del sistema de administración de justicia que pone a los ciudadanos en la indefensión, dejándonos sujetos a represalias o a persecución política a través de la utilización de las instituciones estatales, cuyos representantes se deben a su partido político y no a las leyes establecidas”, comentó Jiménez.

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